Justicia ambiental, una herramienta para la supervivencia humana.

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La justicia ambiental es un concepto novedoso que fue acuñado por los movimientos pro defensa del medio ambiente en los años 70, particularmente en Estados Unidos de Norte América, dichos movimientos interpretaban a la justicia ambiental como una causa social o como un mecanismo de compensación de los daños causados en una colectividad por diversos tipos de contaminación, el objetivo principal de dicho movimiento era generar una redistribución económica de las cargas que sufre determinado grupo social por las diversas actividades antropogénicas.


Actualmente el concepto de justicia ambiental tiene una interpretación más amplia, puede ser definido como el conjunto de principios, instituciones y procedimientos pertenecientes al derecho ambiental cuyo objetivo es regular la relación del hombre con su medio y la protección y conservación de los ecosistemas.


De la anterior definición, se desprende la necesidad de establecer cuáles son los principios que se vinculan de manera más específica con el concepto de la justicia ambiental, siendo a juicio del autor de este trabajo el de prevención, precaución, con-taminador pagador y recomposición integral del ambiente. Dichos principios han sido adoptados por la mayoría de los países occidentales y europeos mediante diversos instrumentos internacionales tales como la Declaración de Estocolmo en 1972, La Carta Mundial de la Naturaleza firmada en Nueva York en 1982 y en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en rió de Janeiro junio de 1992,


Para la justicia ambiental el principio de prevención se establece como la finalidad de restringir o prohibir ciertas actividades humanas que pueden resultar perjudiciales al medio ambiente o a sus componentes, dada la irreparabilidad de algunos ecosistemas, este principio es fundamental para sancionar conductas que no solo dañen, si no que pongan en riesgo de daño a los ecosistemas o a sus componentes.



El principio de precaución se distingue del de prevención en virtud de que el primero tiene como finalidad establecer acciones ante del desconocimiento científico o técnico que concedan certeza sobre el daño o no que pueda causar una actividad humana en el ambiente, mientras que el principio de prevención si se tiene certeza del efecto que produce por lo que se toman medida para prevenirlo, es decir, en un experimento de colisión de partículas sub-atómicas para generar energía eléctrica, no sabemos qué efectos pueda tener sobre el medio ambiente, porque no se tiene el alcance tecnológico para saberlo, por lo que bajo el principio de precaución se evitaría dicho experimento, mientras que en un mal manejo de sustancias peligrosas en un ecosistema determinado, aunque no se materialice el daño si podríamos saber que componente del ecosistema esta en riego y como se afectaría, consecuentemente por el principio de prevención se establecerían medidas correctivas en dicha actividad.


Otro de los principios fundamentales para garantizar el accesos a la justicia ambiental es el principio con-taminador pagador, dicho principio es la base para las acciones de reparación del daño ambiental en sus diversas modalidades, dicho principio va de la mano con el principio de recomposición integral del ambiente ya que el primero establece diversas metodologías así como el quantum de dicha afectación y el segundo busca que dicho monto sea aplicado a la recomposición integral del ambiente, ya sea mediante acciones de recuperación, remediación o composición, este último principio también busca que de lo obtenido por la actividad sancionadora del estado se asigne un recurso para indemnizar a los habitantes de una comunidad que pueda llegara a sufrí los efectos de la contaminación.


Del análisis de dicho concepto se puede concluir también que la justicia ambiental puede ser medio y fin a la vez, ya que la definición describe la pertinencia de establecer un conjunto instituciones y procedimientos que hagan efectivo el ejercicio de derechos ambientales como mecanismo de protección y conservación de los ecosistemas, dentro de los que interactuamos como especie y por otro lado establece dos de sus fines, el primero regular la relación del humano con el medio natural y la segunda garantizar la protección y conservación de los ecosistemas de manera primigenia.


Para el caso del segundo elemento de la definición Clara María Minaverry en su ensaño “El Avance de la implementación de los Tribunales Ambientales en América latina” describe el avance de algunos países latinoamericanos en el establecimiento de los tribunales ambientales y el alcance regulativo de sus sentencias, actualmente, Argentina; Chile y Costa Rica son los países que registran mayor avance en el desarrollo de la justicia ambiental mediante la creación de tribunales especiales ambientales, cada uno de estos tribunales tienen diferente alcance y resultado.


Para el caso particular de México el concepto de acceso a la justicia ambiental ha tenido una evolución desde diversos enfoques, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo se logró incorporar el concepto de interés legítimo como medio para proteger derechos colectivos tales como los ambientales, de la misma manera el 30 de enero del 2011 se formó el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente entre otras, para establecer procedimientos de Acciones Colectivas y el siete de junio 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, estas leyes establecen procedimientos de carácter jurisdiccional que de manera inicial permiten acceder al derecho a la justicia ambiental, sin embargo, dado la dispersión normativa de la legislación ambiental y la falta de especialización de los juzgadores, la justicia ambiental mexicana no ha tenido el alcance y la presencia necesaria para contribuir significativamente a la protección del medio ambiente.



Es por ello pertinente el debate que se ha suscitado en diversos círculos académicos sobre la necesidad de actualizar el conjunto de normas jurídicas que integran el derecho ambiental, partiendo de la reflexión dela necesidad de sistematizarlas o no mediante un código ambiental, también se ha suscitado debates sobre la necesidad de establecer tribunales ambientales a nivel federal y estatal que mediante un procedimiento de justicia ambiental contribuyan a proteger más eficazmente al medio ambiente, sin embargo, dicho debate se ha postergado por algunos ortodoxos del derecho administrativo por la falta de entendimiento y alcance de la autónoma del derecho ambiental, su fines y los principios que los rigen.


Se considera prioritario impulsar una agenda clara para llevan a buen fin dichos debates y es necesario hacerlo pronto, ya que la proyección de los efectos que ha producido el humano en la naturaleza comienzan a sentirse con cada vez más fuerza poniendo incluso en riego de su extinción como especie, por ello, la importancia de definir a esta generación de derecho ambiental, como la generación de la supervivencia ya nos encontramos ante disyuntiva de seguir regulando nuestra relación con la naturaleza como hasta ahora o de dar un giro de 360 grados que nos permita comenzar de nuevo como especie.

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